Pasado oscuro - Proceso
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4 nov. 2007 - Gerardi fue golpeado hasta la muerte en el garaje de la casa parroquial en ... Goldman entrevistó a Rubén Chanax Sontay, un exmilitar que afirmó ... quien era miembro del EMP) en el parque y que le habían ordenado regresar a ... publicada el pasado 21 de octubre en su columna del rotativo elPeriódicoNexos entre Pérez Molina y el asesinato del obispo Gerardi - Noticias ...
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21 ene. 2008 - Goldman entrevistó a Rubén Chanax Sontay, un ex militar que afirmó haber ... indigentes que dormían en el parque ubicado al lado de la Casa Parroquial. ... el pasado 21 de octubre en su columna del rotativo El Periódico.De la presidencia a la prisión: Otto Pérez Molina y un día ... - elPeriódico
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13 sep. 2015 - El asesinato de Gerardi, escenificado para que pareciera un delito familiar, sometió a la ... A la derecha, a menos de una cuadra frente al pequeño parqueque da a la iglesia San ... caso, Rubén Chanax Sontay, tres oficiales del Ejército, ahora exoficiales, habían estado ..... POR FRANCISCO GOLDMAN.http://elperiodico.com.gt/2015/09/13/domingo/de-la-presidencia-a-la-prision-otto-perez-molina-y-un-dia-de-esperanza-para-guatemala/
DOMINGO
De
la presidencia a la prisión: Otto Pérez Molina y un día de esperanza para Guatemala
En esta crónica, publicada por The New Yorker en su edición del
4 de septiembre de 2015, el escritor y periodista Francisco Goldman, autor de El arte
del asesinato político, indaga en la figura de Otto Pérez Molina desde que se
encontró con su nombre por primera vez, cuando este salió a relucir en las
investigaciones del “caso Gerardi”. Con
autorización del
autor y de la revista, reproducimos el trabajo en su totalidad.
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Otto Pérez Molina, quien renunció a
la presidencia de Guatemala el miércoles por la noche, casi de la noche a la
mañana, hoy es un acusado común en el Centro de Detención Preventiva para
Hombres de la zona 1, Matamoros, en la ciudad capital. Su captura se debe a que
el Ministerio Público (MP) de Guatemala, que trabaja en estrecha colaboración
con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), de
Naciones Unidas, investiga una red de corrupción denominada La Línea, a través
de la cual las aduanas de Guatemala proponían a importadores reducir sus
impuestos en forma considerable a cambio de comisiones ilícitas que se
repartían entre docenas de funcionarios del Gobierno.
Pérez Molina, un exgeneral del Ejército de Guatemala y jefe de
Inteligencia, por fin renunció a la presidencia después de cinco meses de
protestas semanales organizadas frente al Palacio Nacional del país para exigir
su renuncia; después de que el 8 de mayo renunciara su vicepresidenta y
compañera, Roxana Baldetti, quien fue acusada de ser uno de los líderes de La
Línea; después de que 38 funcionarios del Gobierno, que incluye al yerno del
ahora expresidente, fueran encarcelados por su participación en el escándalo;
después de la renuncia de la mayor parte del Gabinete de Pérez Molina y de
muchos de sus embajadores; después de que incluso entidades que lo apoyaban,
como el poderoso grupo del sector privado Comité Coordinador de Asociaciones
Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y la propia
Procuraduría General pidiera públicamente su renuncia; después de que el 21 de
agosto su ex vicepresidenta, Baldetti, fuera enviada a prisión y de que el
Ministerio Público y la CICIG anunciaran que sus continuas investigaciones
arrojaban pruebas contundentes de que Baldetti y el mismo entonces presidente
eran los líderes de La Línea; después de quizá la más extensa y jubilosa
protesta en la historia de Guatemala, llevada a cabo el 27 de agosto, cuando
cerca de cien mil personas llenaran la plaza frente al Palacio Nacional y
abarrotaran las calles aledañas, a la vez que se realizaban muchas otras
protestas en todo el país; después del voto unánime de 132-0 con el fin de
despojar al ahora expresidente de su inmunidad para que enfrentara un proceso
judicial, por parte de un Congreso que no carece de políticos corruptos, pero
que, con las elecciones nacionales del 6 de septiembre, de pronto se encontrara
acorralado y presionado por la indignación popular y las exigencias de
justicia; aun después de un masivo júbilo público por la pérdida de inmunidad
del entonces presidente y las inminentes comparecencias frente a un juez;
después de que la Corte de Constitucionalidad, que tiene muchos aliados de
Pérez Molina que en el pasado lo habrían apoyado, unánimemente rechazara una
petición desesperada presentada por el abogado del ahora expresidente para
anular el voto del Congreso con el que se le retiró la inmunidad; después de
que el presidente del tribunal que lleva el caso de La Línea dictara orden para
prevenir que el entonces presidente saliera del país; aun después de que el
país se viera forzado, básicamente, a sobrevivir sin un Gobierno interino o
líder con credibilidad. “No es que Pérez Molina tenga un cuero impenetrable,
que carezca de emociones, que su cinismo no conozca fronteras, que su sordera
sea profunda. Más bien, está preso de su propia cobardía y experimenta pánico y
pavor de perder su inmunidad presidencial”, escribió Jose Rubén Zamora,
presidente del
diario de oposiciónelPeriódico,
quien ha sido uno de los protagonistas de esta historia.
En los últimos días, Thelma Aldana, la fiscal general del
Ministerio Público, e Iván Velásquez Gómez, juez colombiano que actúa como
comisionado de la CICIG, han sido lacónicamente implacables en sus
declaraciones públicas. Ambos han enfatizado que la investigación de la
Administración de Pérez Molina y del propio expresidente, por su papel en La
Línea y en otros casos de corrupción, recién empieza. Pero el hecho de que las
investigaciones se encuentran en proceso no logró dar cabida a que Pérez Molina
ganara más tiempo. El miércoles, Velásquez Gómez salió en CNN Español y
reiteró que la investigación ya había dado “evidencia real” de que Otto Pérez
Molina era el líder de La Línea y que una orden de captura era inminente. Más
tarde esa misma noche, durante una entrevista con Canal Antigua, Aldana anunció que la orden de captura
ya había sido enviada al presidente del
tribunal a cargo del
caso. Respondiendo a la pregunta de si el proceso judicial podría dar a Pérez
Molina la oportunidad de ser absuelto, Aldana solemnemente respondió: “Yo, que
conozco de cerca los detalles de la investigación, no veo que pudiera existir
sentencia alguna que lo absuelva”.
En el proceso de
indagación de La Línea, los investigadores han analizado cerca de noventa mil
llamadas telefónicas interceptadas, seis mil correos electrónicos y ciento
setenta y cinco mil documentos. Las grabaciones de esas llamadas telefónicas
registran lo dicho por funcionarios del Gobierno que han sido ligados a la red
de corrupción cuando presuntamente describen conversaciones y reuniones
operacionales con “el dueño de la finca”, con “el mero mero” y “con el uno y el
dos”. Los fiscales, tomando en cuenta el contenido de esas conversaciones y las
supuestas identidades de los hablantes, aseveran que esas alusiones son claras
referencias a los ahora expresidente y exvicepresidenta.
La CICIG y los fiscales del
Ministerio Público dicen que también han recopilado evidencia financiera y
bancaria en contra de Pérez Molina. Era una estructura criminal –presuntamente
robando millones y millones de dólares de los impuestos de las arcas públicas
de uno de los países más pobres de Latinoamérica– que parece tan sórdida y
descarada en sus operaciones que se asemeja a una mafia de segunda categoría
del crimen organizado de Nueva Jersey sacada de la serie de televisión Los Soprano.
Pérez Molina se mantuvo aislado la mayor parte de sus últimos
diez días en el poder. No obstante, rompió el silencio en un par de inusuales y
desafiantes discursos públicos para insistir en su inocencia. En cuanto a una
llamada telefónica grabada en la que se puede escuchar claramente a Pérez
Molina dando órdenes al más alto funcionario de la Administración Tributaria,
Carlos Muñoz (quien fue enviado posteriormente a prisión por el caso en
cuestión), de que despidiera a una funcionaria veterana de la Administración
Tributaria y la reemplazara con otro funcionario, Sebastián Herrera Carrera
(quien desde entonces se encuentra en prisión), el entonces presidente dijo que
él solo estaba “tratando de mejorar la recaudación tributaria del país”. Pérez
Molina también arremetió contra la fiscal general Aldana, la CICIG y los
“importadores” del sector privado que se
habían beneficiado por colaborar con La
Línea . Asimismo, convocó a la “Guatemala
profunda” para que mostrara su apoyo. Era de suponer que él estaba convocando a
una supuesta “mayoría silenciosa” de la zona rural para que actuara en contra
de las protestas de la zona urbana de la capital; sin embargo, para muchos,
estas palabras contenían una amenaza implícita de violencia de un exgeneral que
era conocido por haber sido electo presidente en 2008 al prometer “mano dura”
como la solución a los problemas del país. ¿Cuál era esta “Guatemala
profunda” a la que convocaba Pérez Molina? Las protestas en la capital que
pedían su renuncia solo incrementaban en número y fervor. En un programa de
entrevistas con personalidades relacionadas con la política televisado por Canal Antigua, el sociólogo de 85 años Carlos Guzmán
Böckler dijo que la “Guatemala profunda” eran todos los guatemaltecos
enterrados en fosas clandestinas en las montañas, víctimas de la estrategia
militar conocida como “tierra arrasada” y, específicamente, de las masacres a
comunidades rurales mayas durante la guerra civil que duró 36 años, las cuales
concluyeron con los acuerdos de paz firmados en 1996. Según la ONU y otras
entidades, por lo menos 150 mil civiles murieron en esa guerra; la gran
mayoría, a manos de militares. En 1982, Otto Pérez Molina, en ese tiempo un
oficial joven, por nueve meses comandó una tropa militar en Nebaj, en la región
Ixil, una de las áreas más duramente golpeadas por la violencia.
“Me siento orgulloso, conmovido y emocionado”, escribió Jose
Rubén Zamora en su editorial principal el día siguiente al que el Congreso votó
a favor de despojarle la inmunidad a Pérez Molina. “Me faltan palabras, me
sobran las lágrimas. Sin la tenacidad, la persistencia y la presión constante
de la ciudadanía, que jamás bajó la guardia, nunca hubiera sucedido”. Pienso
que eso siempre será considerado como
el factor más importante de este evento histórico, esto en verdad se produjo
gracias a las protestas pacíficas y la presión de masas de personas de todos
los sectores de la sociedad guatemalteca. Cuando se considera Guatemala a
través de su larga historia de represión violenta, de división interna, de
censura, de injusticia social extrema, de corrupción endémica protegida por un
sistema casi impenetrable de impunidad, lo que ha pasado parece ser casi un
milagro. “A Guatemala
se le acabó la paciencia”, escribió la columnista Dina Fernández en elPeriódico. “Demasiado ha aguantado la sociedad con
la boca callada. Ahora, tras 30 años de abusos continuados, ordena que los
funcionarios respondan como se espera de ellos:
a favor del interés
de la población, no de la clica de ladrones y contrabandistas que operaba desde
Casa Presidencial”.
No obstante, la
historia de la caída de Otto Pérez Molina tiene muchos protagonistas y ha sido
anhelada y buscada por mucho más tiempo que lo que ha durado la investigación
de La Línea. La pregunta que puede acechar a los guatemaltecos por mucho
tiempo, y que sin duda será estudiada y analizada, es cómo un hombre como Pérez
Molina, sobre quien ya se sabía tanto, alguna vez fue presidente. Pérez Molina
en sí es una figura central y emblemática en esa búsqueda que, básicamente, ha
sido una batalla para fortalecer el Estado de Derecho en Guatemala ,
protegiendo así una democracia en funcionamiento contra todas las fuerzas
corrosivas de la corrupción y la impunidad. Específicamente, ha sido una lucha
librada contra la consolidación del Gobierno como organización criminal
que se mantiene por los poderes criminales atrincherados dentro y fuera del
Gobierno, sin importar quién sea electo presidente. La CICIG en sí, una
comisión internacional de jueces, fiscales e investigadores, establecida en
2007, fue concebida por aquellos guatemaltecos que estaban preocupados porque
el sistema de justicia del
país no solamente necesitaba fortalecimiento, sino también ayuda externa. Desde
que finalizó la larga guerra en el país, los omnipotentes servicios de
Inteligencia militar del Ejército de Guatemala
de los años del
conflicto armado buscaban preservar sus poderes y privilegios a través de
convertirse en crimen organizado.
“Durante más de una década he venido señalando que nuestra
democracia experimentó una metamorfosis siniestra, reduciéndose simplemente a
una elección que tiene lugar cada cuatro años, en la que elegimos un
cleptodictador, es decir, un presidente ladrón, que cogobierna con las mafias
criminales, los capos de los carteles de narcotraficantes, los contratistas y proveedores
del Estado y algunos intereses privados tradicionales”, escribió Jose Rubén
Zamora en su diario, en junio recién pasado. Desde el 2002, elPeriódico ha
estado publicando investigaciones de primera plana como la que en ese año se tituló “La mafia y
el Ejército”. En abril de 2013, elPeriódico publicóUn cuento de hadas sin final feliz, la historia de una presidencia
en crisis, un informe especial de 19 páginas sobre la clara
corrupción del Gobierno de Pérez Molina, especialmente enfocado en la conducta
ostentosa de su vicepresidenta, Roxana Baldetti.
Yo tengo una historia personal con Pérez Molina que se remonta
al asesinato, en 1998, del obispo Juan Gerardi, y la
investigación y los casos judiciales subsiguientes. Gerardi fue brutalmente golpeado hasta morir en el garaje de
su casa parroquial, en la ciudad de Guatemala ,
dos noches después de haber presidido la publicación de un informe sin
precedentes de derechos humanos titulado: Guatemala Nunca más, que indagaba sobre las atrocidades
cometidas durante la guerra civil del
país. La información contenida en ese informe parecía que ponía en peligro la
amnistía que se autootorgaron los militares para evitar la persecución judicial
por crímenes de guerra y, por consiguiente, la sujeción de estos al verdadero
poder, específicamente al que ejercían los grupos élites de inteligencia
militares. De hecho, aunque el Ejército guatemalteco poco después perdió su
amnistía después de que un informe posterior de la Comisión de la Verdad de la
ONU lo acusara de crímenes contra la humanidad –específicamente, por genocidio
perpetrado en contra de los indígenas mayas– solo unos cuantos procesos
judiciales contra oficiales militares avanzaron en un sistema legal aún intimidado
y corrompido por el poderío militar.
El asesinato de Gerardi, escenificado
para que pareciera un delito familiar, sometió a la población del país a años de confusión sobre lo que
realmente ocurrió. Pero aquellos para quienes el mensaje del asesinato había sido proyectado
–trabajadores de derechos humanos y de justicia, específicamente– se creyeron
ese mensaje. Esto no hizo que muchos de ellos dejaran de luchar por la
justicia, pero, tras el asesinato de Gerardi, nadie tenía la
impresión de que iba a ser menos difícil o riesgoso lograr justicia en tiempos
de paz de lo que había sido antes de la firma de los acuerdos de paz en 1996.
Primero empecé a reportar el caso en 1998, pocos meses después del asesinato, al escribir
un artículo para esta revista; me encontré siguiendo ese laberinto e
intensamente rebatí el caso por otros nueve años, a través de un juicio en el
2001 y una larga serie de apelaciones. Finalmente, en el 2007, publiqué un
libro titulado El arte del asesinato político,
en el cual cité a un testigo central del caso, quien identificó a Pérez Molina
como uno de los cerebros de esa conspiración de asesinato.
Cuando estuve en
la ciudad de Guatemala ,
hacia finales de julio, el pasado se metió en el presente de tal manera que me
hizo recordar que, al fin y al cabo, esos eventos no habían sucedido hacía
tanto tiempo. Yo estaba participando en la protesta de cada sábado frente al
Palacio Nacional con un amigo, el conocido periodista mexicano y autor Diego Osorno,
quien resultó estar en la ciudad para la FILGUA, la feria guatemalteca del
libro. Él me pidió que lo llevara a la iglesia San Sebastián, donde, la noche
del 26 de abril de 1998, el obispo había sido asesinado. La iglesia estaba a
solo unas cuadras del
lugar de las protestas en la Sexta Avenida. Caminamos y pasamos las oficinas
presidenciales y el antiguo cuartel de la Guardia Presidencial y del Estado
Mayor Presidencial (EMP), el personal militar presidencial, el grupo de
Inteligencia que, durante el juicio del 2001, se supo que había sido el actor
principal del asesinato. A la derecha, a menos de una cuadra frente al pequeño parque que da a la iglesia San Sebastián , pasamos por una sombría y
pequeña tienda que estaba abierta, detrás de una puerta con barrotes.
Era la tienda de
don Mike, donde, según el testigo clave del caso, Rubén Chanax Sontay, tres oficiales
del Ejército, ahora exoficiales, habían estado presentes el 26 de abril, a eso
de las diez de la noche, para vigilar el crimen. Chanax, un pequeño pero
musculoso indígena de unos veinte años, al parecer era uno de los indigentes
que todas las noches dormían frente al garaje de la iglesia, pero a la vez era
un informante adiestrado por la inteligencia militar y cuyo trabajo era el de
observar los movimientos del obispo, como parte de la denominada Operación
Pájaro, la cual culminó con el asesinato del obispo. De don Mike, el dueño de
la pequeña tienda, quien, segúnChanax, había estado
platicando con los tres oficiales cuando se produjo el asesinato, se rumoraba
que también era un informante de los militares. Sin embargo, en el juicio del 2001 por asesinato,
él se rehusó a atestiguar para la parte acusadora y para la defensa.
Conforme Osorno y
yo nos acercábamos, vi a un hombre de pelo largo, quien lucía una barba tiesa
grisácea, vestía una camisa playera sucia y atendía a los clientes, pasándoles
gaseosas y otras cosas a través de los barrotes de su pequeña tienda.
Indudablemente se trataba de don Mike. Yo no lo había visto desde el 2001, pero
era muy fácil identificarlo porque le faltaba un dedo en una de sus manos. No
quería hablar con él, casi como
si yo ahora tuviera una aversión física hacia los aspectos más oscuros y más
dolorosos de lo que había sido mi larga participación en la investigación de ese
crimen; solo quería pasar rápido. Pero Osorno, fiel a su insaciable y curiosa
naturaleza, paró para platicar con él. “¿Usted es don Mike?” le preguntó, y el
desconfiado y temeroso hombre que se encontraba detrás de los barrotes lo negó.
Dijo que él era el hijo de don Mike, aun después de que un joven cliente se
acercó y lo saludó llamándolo “don Mike”. Osorno, aun así, comenzó a
preguntarle sobre la noche del
asesinato, lo cual hizo que don Mike rápidamente hiciera una breve serie de
declaraciones reveladoras. “¡Esos jueces y fiscales eran unos mentirosos: mire
dónde está esta tienda! ¿Cómo podían ellos ver desde aquí lo que estaba
sucediendo?”, dijo al referirse a los poderosos oficiales de inteligencia
militar que supuestamente llegaron a su tienda para controlar el extremadamente
riesgoso asesinato político. “¡La iglesia no se puede ver desde aquí!”.
Sin embargo, yo,
al igual que don Mike, había estado presente el día del año 2001, durante el
juicio del caso Gerardi, cuando el
tribunal de jueces, fiscales y abogados de la defensa se habían desplazado
desde la sala del tribunal hasta la pequeña tienda para un procedimiento
probatorio, mientras policías francotiradores estaban en guardia en los techos
de las vecindades. Recuerdo cómo el fiscal, Leopoldo Zeissig, salió de la
tienda, cruzó la calle levemente en diagonal hacia la acera de enfrente y
estableció claramente que desde donde él estaba parado podía ver directamente
el parque y la iglesia San Sebastián, así como al garaje de la
casa parroquial. Ahora don Mike nos dijo a Diego Osorno y a mí, “miren a toda
la gente que pasa caminando por aquí en la acera; ¿quién va a creer que algún
oficial militar iba a hacer eso aquí, con tantos testigos alrededor?”. Pero,
por supuesto, era sábado a mediodía, y la acera estaba llena de gente que venía
de una protesta festiva contra Pérez Molina que se estaba llevando a cabo cerca
de ahí –ese día, bandas de rock y punk tocaban música en la plaza frente al
Palacio Nacional–. En 1998, entrada la noche de un día sábado, a pocas cuadras
de las más temidas instalaciones de inteligencia militar del país, no había nadie en esas aceras.
¿Por qué don Mike estaba dando esos argumentos forzados que podrían fácilmente
haber engañado a cualquiera que no supiera los detalles del crimen? Porque él todavía encarna una
época en la que nadie se atrevía a acusar al Ejército de Guatemala de algo,
cuando tales encubrimientos eran de rutina. En la noche, don Mike, aun cuando
su tienda está abierta, apaga todas las luces y se queda parado en la oscuridad
detrás de los barrotes, sabiendo que los transeúntes no lo pueden ver, aunque
él se encuentra allí parado observando. Su constante miedo y paranoia eran
palpables. Era como
una figura congelada en el tiempo.
Ese junio de 2001,
del juicio
resultaron las primeras condenas de oficiales militares guatemaltecos por una
ejecución respaldada por el Estado. Cuando le tocaba testificar, Chanax había implicado directamente a los tres militares que,
con el tiempo, fueron encontrados culpables. Chanax afirmó que dos de los militares, el capitán Byron Lima
Oliva y el sargento Obdulio Villanueva, habían ido al garaje inmediatamente
después del asesinato para inspeccionar y
alterar la escena del
crimen. El tercer hombre declarado culpable era el padre del capitán, el coronel Byron Lima Estrada,
un exdirector de Inteligencia G-2. Él, según Chanax, era uno de los
tres militares que estaban en la tienda de don Mike. Pero, ¿quiénes eran los
otros dos hombres que estaban en la tienda –hombres que no fueron condenados
por el crimen, pero que habían desempeñado algún papel?–.
Chanax, en las tantas y
largas conversaciones antes del juicio sostenidas con Zeissig, el fiscal y
Rafael Guillamón, el investigador español de MINUGUA, el grupo pacifista de la
ONU asignado al país, había identificado, por medio de una fotografía, a uno de
los dos oficiales militares queChanax dijo que habían estado en la tienda de don Mike. Él no
sabía el nombre del oficial o que el hombre
que él había identificado era un oficial del
EMP. Entonces, Chanax también mencionó a Pérez Molina como
uno de los oficiales que habían estado en la tienda y como uno de los líderes de la conspiración.
“Él, obviamente, estaba muerto de miedo de decir algo sobre el general (Pérez
Molina) a la hora de testificar”, me dijo Guillamón. Chanax confirmó sus acusaciones contra Pérez Molina cuando lo
entrevisté en el 2005 en la ciudad de México, donde él estaba viviendo, muy
tranquilamente, como
asilado protegido de la ONU. Guillamón, quien posteriormente se convirtió en
investigador de la CICIG, nunca perdió su confianza en la fiabilidad de Chanax como testigo. El
testimonio de Chanax sobre los hombres declarados culpables, según recalcó
Guillamón más tarde en una conversación que sostuvimos, “resistió los desafíos
de varias apelaciones durante muchos años”.
Con el tiempo, Pérez Molina negaría las acusaciones, diciendo
que él, la noche en que ocurrió el asesinato, estaba en Washington D.C.
fungiendo como delegado de Guatemala en la Junta Interamericana de Defensa y
que él tenía los sellos en el pasaporte para probarlo. No obstante, una
investigación que realizó Claudia Méndez Arriaza, en ese entonces reportera de elPeriódicoque había estado cubriendo el caso Gerardi por años, reveló que Pérez Molina en realidad tenía,
por lo menos, seis pasaportes y que pudo haber salido de y entrado a Guatemala
con cualquiera de ellos. Otras investigaciones periodísticas escarbaron sobre
el asunto pero, a la larga, la interrogante del paradero de Pérez Molina en esa noche
probablemente solo se pueda responder mediante investigación criminal y juicio.
Como Pérez Molina ascendió al poder, el caso Gerardi se detuvo completamente, aunque los fiscales asignados
siguieron acumulando evidencias. El pueblo estaba atemorizado por el poder del exgeneral y por la violencia que él representaba, así
como del
poder que tenían otras figuras potencialmente implicadas en el caso. Intentar
procesar judicialmente la cadena de mando del crimen era considerado algo muy
controversial, políticamente hablando, y para citar una frase que a menudo se
oye, “potencialmente desestabilizador”. Así comoChanax en la sala del
tribunal, la gente no se atrevía a expresar sus acusaciones en público, de viva
voz. Tal vez ahora, en los próximos años, el caso Gerardi vuelva a avanzar.
En el 2007, cuando El arte del asesinato político salió publicado en inglés, elPeriódico publicó
algunos extractos traducidos, incluyendo un párrafo en el cual Chanax identificaba a Pérez Molina como uno de los hombres
que estaban en la tienda de don Mike. A Pérez Molina, de hecho, se le mencionó
muy poco en ese largo libro que trata de dar una narración detallada del crimen y de las
investigaciones y batallas legales que resultaron. Pero cuando el diario le dio
la oportunidad de responder, Pérez Molina reaccionó como
si todo el libro hubiera tratado acerca de él y como si él hubiera sabido de este con
antelación. “Tenemos información que el libro fue pagado por un político”,
afirmó, sin dar el nombre del
político o presentar alguna prueba. En 1998, por supuesto, cuando comencé la
investigación que culminaría en el libro, vagamente sabía de la existencia de
Pérez Molina, si acaso, y, desde luego, no anticipaba que sería un candidato
presidencial en Guatemala .
Y, para más sorpresa, Pérez Molina declaró que él no conocía personalmente al
capitán Byron Lima. Algunos lectores del
diario inmediatamente escribieron, en forma anónima, para dar testimonio de lo
que ahora se sabe que es una relación cercana, personal, casi de
mentor-protegido entre los dos hombres. Más importante aún, Rafael Guillamón me
contó que MINUGUA había documentado varias visitas al capitán Lima por parte de Pérez Molina. Cuando
Guillamón estaba en MINUGUA pronosticó que, a cambio de que guardara silencio
por todo lo que sabía y no implicara a otros oficiales en el asesinato de Gerardi, al capitán Lima se le daría rienda
suelta para que estableciera y dirigiera una mafia criminal desde la prisión.
Esta predicción se hizo realidad.
La relación entre
Byron Lima y Pérez Molina, de hecho, desempeñó un papel fundamental en la caída
del ahora
expresidente. En septiembre de 2014, en medio de una campaña cada vez más
mordaz por parte del Gobierno de Pérez Molina y sus aliados para sacar a la CICIG
del país al no renovar su mandato, la CICIG formuló cargos contra Byron Lima
por algunos de los crímenes relacionados con la mafia criminal que él
supuestamente ha construido en la prisión, la cual, según la CICIG, le ha dado
mucha riqueza y poder al prisionero. Se dio a conocer que, durante la
presidencia de Otto Pérez Molina, Lima se había convertido en el líder de facto
del sistema penitenciario, responsable de nombrar 36 de sus aliados civiles en
puestos del sistema penitenciario de Guatemala. Cuando Lima fue capturado en
una de sus aparentemente habituales idas y venidas de la prisión en una
caravana de vehículos tipo SUV y guardaespaldas, resultó que algunos de esos
vehículos habían sido utilizados por el partido político de Pérez Molina en
eventos de campaña. Se reveló que una fábrica que Lima dirige dentro de la prisión hasta tenía
un contrato para fabricar camisas playeras para el partido político de Pérez
Molina.
En Guatemala , el
vínculo entre Pérez Molina y Lima era un secreto a voces. Los cargos de la
CICIG contra Lima fueron como un disparo de advertencia al Gobierno de
Pérez Molina, pues un proceso judicial podría llevar plausiblemente al ahora
expresidente también. En ese punto, se volvió políticamente imposible para
Pérez Molina y sus aliados terminar con el mandato de la CICIG: Sería un
esfuerzo demasiado evidente para protegerse a sí mismo, a su propio Gobierno y
a sus aliados. Con Estados Unidos, la Unión Europea y, por ahora, la oposición
política guatemalteca a favor de la CICIG, e incluso ante una extensión de sus
facultades, Pérez Molina no tuvo espacio para maniobrar. Tal y como
Manfredo Marroquín, el jefe de Transparencia Internacional en Guatemala , me contó, el auto de procesamiento de
la CICIG contra Lima en aquel septiembre “fue el
principio del
fin”.
Durante años ha
habido otras acusaciones de crímenes formuladas contra Otto Pérez Molina. Un
cable desclasificado del
Pentágono de EE. UU. lo identifica como uno de
los responsables de la desaparición y asesinato del guerrillero Efraín Bámaca, cargo que el
expresidente ha negado. Según un informe sobre grupos ilegales en Guatemala
emitido en el 2003 por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos,
Pérez Molina estaba vinculado con el “fraude aduanero” y era el líder del grupo
militar clandestino denominado El Sindicato. En 2008, en un caso que
involucraba un misterioso “desvío” de Q82 millones del Congreso de Guatemala, resultó que Q688
mil de esos quetzales fueron “desviados” a la cuenta bancaria de Pérez Molina.
Él se defendió argumentando que era un préstamo. Según Claudia Méndez Arriaza,
el caso nunca avanzó ni se aclaró. Rafael Guillamón, quien estaba en la CICIG
en 2007, cuando tres miembros salvadoreños del Parlamento Centroamericano
fueron emboscados y asesinados poco después de haber entrado a Guatemala en su
automóvil, me contó que existían pruebas contundentes que mostraban que parte
de la gran suma de dinero que ellos llevaban –suma que había sido robada en el
crimen– había sido destinada a la campaña de Otto Pérez Molina para las
elecciones correspondientes al período presidencial que iniciaba el 2008. Esta
lista fácilmente podría continuar.
La conducta seria y calmada, de suave voz, de Pérez Molina le
dio, a los ojos de muchos, un aire de honrada credibilidad. Durante su ascenso
en la posguerra al poder político, desempeñó bien el papel de modernizador del
Ejército, listo para conducir el país hacia una nueva era democrática, incluso
argumentando en favor de la legalización de las drogas. Durante la campaña para
las elecciones correspondientes al período presidencial que iniciaba el 2008,
las cuales Pérez Molina terminó perdiendo, el embajador de la Administración de
Bush, James Derham, públicamente se refirió a Pérez Molina como un “buen
muchacho”. Anita Isaacs, una especialista en el tema de Guatemala , escribió un artículo de opinión en el Times en
junio, en el cual señaló que había entrevistado a Pérez Molina “media docena de
veces en la década pasada” y lo describió como
“un maestro de la manipulación”. Pérez Molina siempre ha negado cada una de las
acusaciones en su contra. Su típica estrategia es la de rápidamente darle la
vuelta a la tortilla a sus acusadores, siempre listo para responder con
acusaciones propias e incluso categóricas difamaciones, las cuales articula con
su calmada e inocente voz, tal y como lo ha estado haciendo ahora contra la
CICIG y Thelma Aldana.
Sin embargo,
últimamente, una nueva histeria y el pánico se han filtrado en esa voz y
conducta. Después de que el juez Gálvez ordenara que Pérez Molina pasara la
noche en la Prisión de Matamoros por ser considerado un riesgo de fuga, este se
paró en un pasillo fuera de la Torre de Tribunales, rodeado de policías,
despotricando con voz casi jadeante frente a reporteros y otros espectadores
contra sus fustigadores: acusó a Thelma Aldana de intentar destruirlo, exigió a
la CICIG la captura del sector privado [sic] y argumentó suplicante que con él
no había riesgo de fuga, ya que pudo haber dejado el país en cualquier momento
que hubiera querido y que pudo haber pedido asilo político (aunque estar
acusado de un crimen no es, en realidad, motivo para otorgar asilo político).
Se trató de una extraordinaria, desconcertante e íntima mirada hacia una
confusa caída en picada del
poder, capturada en vivo por la televisión. Finalmente, mientras los fotógrafos
de la prensa se arremolinaban a su alrededor y la Policía los empujaba, Pérez
Molina fue llevado a un vehículo tipo SUV para un corto recorrido a la prisión
donde él pasaría la noche.
Otto Pérez Molina
es la encarnación del papel que el Ejército ha
desempeñado en Guatemala
durante los últimos 50 años: en los años posteriores al golpe de 1954, el cual
dio lugar a la dictadura militar de Carlos Castillo Armas; en la transición de
la dictadura militar a la democracia, en 1985; y en los años que le siguieron.
Pérez Molina es un exsoldado de las temidas fuerzas especiales de los kaibiles,
exalumno de la Escuela de las Américas de EE. UU. y oficial que subió a la
cúspide de un turbio aparato de Inteligencia militar que hoy en día es
considerado –dentro y fuera de Guatemala– sinónimo de asesinato,
desapariciones, tortura, prisiones y fosas clandestinas, así como corrupción.
Este no era un languideciente Augusto Pinochet en una clínica de Londres;
tampoco era el hoy decrépito exdictador y exgeneral guatemalteco Efraín Ríos
Montt que se agazapaba de miedo fingiendo estar enfermo y que finalmente fue
llevado para enfrentar la justicia, en un reciente juicio por genocidio en Guatemala .
Pérez Molina representó una unión perfecta de los terrores pasados de Guatemala y su
actual modelo de poder. Ahora, en menos de 24 horas, él ha pasado de ser
presidente a ser un preso, desplomado por la indignación y el repudio de sus
ciudadanos y por un sistema de justicia vigorosamente fortalecido que además
nunca se rindió en el cumplimiento de su deber de investigar y procesar
crímenes, sin considerar el estatus del acusado. Incluso, los comentaristas
guatemaltecos que yo estaba viendo en la televisión se sorprendieron ante la
intensidad de la celebración que se desató en la espontánea multitud, que se
había reunido en las afueras de la Prisión de Matamoros, cuando el grupo de
vehículos tipo SUV Toyota que llevaban al expresidente se acercaba. Se quemaron
ametralladoras de cohetes; la gente agitaba banderas de Guatemala y saltaba y
gritaba de alegría, en reivindicación, y probablemente también con un
sentimiento de venganza colectiva satisfecha, sin darse cuenta de que los
policías antimotines los empujaban bruscamente con escudos y les rociaban gas
pimienta.
Mientras yo miraba las imágenes en la televisión, pensaba que
esta era la dura y cruda felicidad de un pueblo silenciado por décadas de temor
y testigo de la más que simbólica caída de un poder corrupto que ese pueblo
pensó que nunca tendría fin, de un poder implícitamente violento cuyo derrumbe
ocurrió gracias a esa gente que se volcó en forma pacífica. Estos eran
verdaderos gritos de liberación, y al ver los reportajes en vivo transmitidos
en directo por Canal Antigua en la pantalla de mi computadora, al
fin me encontré creyendo lo que muchos dicen que es cierto: que Guatemala
–aunque todavía queda mucho por hacer antes de poder decir que el país
verdaderamente ha cambiado– en realidad nunca más volverá a ser la misma.
> Traducción Vanessa Pappa Poveda
> Publicado con la autorización del autor y de la
revista “The New Yorker”
POR FRANCISCO GOLDMAN
2015-9-13
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